Objetivo

La actualización de la LFPIORPI alineándola con estándares internacionales (GAFI), mejora la supervisión e incluye nuevos conceptos (como activos virtuales). Parte de sus cambios clave son los siguientes:

• Redefinición del Beneficiario Controlador: Se precisa su identificación en todas las operaciones, ahora con una titularidad del 25% y aplicable también a fideicomisos y estructuras jurídicas.
• Nuevas figuras: Se incorporan términos como “Representante Encargado de Cumplimiento” y “Riesgo”, Homologación de los términos Dueño Beneficiario, Beneficiario Controlador y Propietario Real”
• Mayor coordinación institucional: Se fortalece la cooperación entre SHCP, Fiscalía, Guardia Nacional, y entidades locales.
• Uso de UMA: Se reemplaza el salario mínimo como referencia monetaria, facilitando la actualización automática.
• Plazo de conservación de documentación: Se extiende a 10 años.
• Nuevas obligaciones electrónicas: Alta, registro y modificación en línea de sujetos obligados.
• Activos virtuales: Se regulan con más detalle, incluyendo identificación de origen, receptor y beneficiario controlador.
• Artículo 400 Bis CPF: Se reforma para incluir criterios más claros sobre delitos relacionados con operaciones con recursos ilícitos.
• Auditoría anual: Se introduce la obligación de realizar auditorías internas o externas en entidades consideradas de alto riesgo. El objetivo de estas auditorías es evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las auditorías deben realizarse anualmente o a partir de la fecha en que la entidad comience a operar como Actividad Vulnerable, y hasta el 31 de diciembre del año siguiente.
• Capacitación: Se establece una nueva obligación para que las AVs implementen programas de capacitación anuales dirigidos a:

1. 1. Miembros del órgano de administración
   2. Persona administradora única
   3. Personal directivo
   4. Personas representantes de cumplimiento
   5. Personal de relación directa con clientes
   6. La capacitación debe cubrir la Ley, la regulación secundaria y el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

• Enfoque Basado en Riesgos. (EBR):  Este enfoque tiene como objetivo abordar las deficiencias identificadas en la evaluación mutua, específicamente en relación con la falta de obligatoriedad de las entidades financieras de implementar un EBR y monitorear a los clientes según su nivel de riesgo.