El 19 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Economía Circular (LGEC), la cual entró en vigor el 20 de enero de 2026. Esta Ley representa un cambio estructural en el marco regulatorio mexicano, ya que trasciende la gestión tradicional de residuos y establece un nuevo enfoque obligatorio para integrar la sostenibilidad en la estrategia financiera, operativa y de gobierno corporativo de las entidades.
La LGEC introduce un modelo de responsabilidad empresarial que exige a las organizaciones asumir un rol activo sobre el impacto ambiental de sus productos, procesos y cadenas de suministro, trasladando la economía circular del ámbito voluntario al cumplimiento normativo.
Uno de los ejes centrales de la Ley es la gestión circular y el enfoque de ciclo de vida. A partir de su entrada en vigor, las empresas son responsables del ciclo completo de los materiales que utilizan, desde la etapa de diseño hasta su disposición final. El diseño circular se consolida como un estándar legal, obligando a repensar procesos productivos para minimizar la huella ambiental, optimizar el uso de recursos y extender la vida útil de los productos.
Otro pilar de alto impacto es la Responsabilidad Extendida del Productor. La Ley crea el Registro de Economía Circular y establece Acuerdos Generales de Implementación mediante los cuales los productores asumen responsabilidad técnica y financiera sobre sus productos hasta su disposición final. Este esquema contempla una responsabilidad compartida con consumidores y autoridades, así como nuevas obligaciones de trazabilidad, control y verificación.
La Ley también incorpora instrumentos de política pública orientados a incentivar el cumplimiento y la competitividad. Entre ellos se encuentra el Distintivo Nacional de Economía Circular, como sello oficial para productos y procesos alineados a la Ley, la implementación de estímulos fiscales y económicos para empresas que acrediten metas verificables de circularidad y reducción de residuos, y la creación de una Plataforma Nacional de Economía Circular para el monitoreo, la transparencia y la difusión de información.
Adicionalmente, se formaliza la inclusión de personas recicladoras de base dentro de la cadena de valor. Este componente introduce una dimensión de justicia social, cumplimiento de estándares de derechos humanos y nuevas consideraciones operativas y contractuales para las empresas.
La Ley entró en vigor el 20 de enero de 2026, en los siguientes 180 días se prevé la expedición de los reglamentos correspondientes y la armonización de las legislaciones estatales, así como la publicación del Programa Nacional de Economía Circular y la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Desde una perspectiva estratégica, esta Ley eleva la economía circular a un tema de cumplimiento normativo de alta prioridad para el General Counsel y el Consejo de Administración. La recomendación inmediata es llevar a cabo un análisis integral de la cadena de suministro y de los procesos actuales, con la finalidad de identificar riesgos regulatorios, pasivos ambientales y oportunidades de transformación en activos de circularidad medibles, trazables y el cumplimiento financiero y legal. En 2026, la resiliencia del negocio dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación a este nuevo marco establecido por la LGEC.
La publicación oficial de la LGEC puede consultarse en el DOF en la siguiente liga:
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José Luis Zamora
Socio CDMX
dn@bhrmx.com
21 de enero de 2026