Para ello, la CNBV, dentro de la Guía anticorrupción, considera los elementos que debe tener la política antisoborno de los sujetos obligados, la cual debe adaptarse a factores como el tamaño de la organización, los lugares y sectores en los que opera, y la naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades. Los procedimientos y controles de implementación deben ser razonables y proporcionales a los riesgos de soborno que enfrenta la organización, para lo cual podrán:

1. Identificar y evaluar sus riesgos de soborno, así como establecer controles efectivos.
2. Habilitar canales anónimos de denuncia, para recibir, analizar, atender e investigar y, en su caso, actuar conforme a la legislación aplicable.
3. Documentar los criterios, medidas y procedimientos internos que adoptará para el establecimiento de su Sistema de Gestión Antisoborno, así como su operación.
4. El desarrollo de políticas de debida diligencia del Cliente, específicamente tratándose de Clientes que sean PEP nacionales clasificados como de alto Grado de Riesgo, Personas Vulnerables clasificadas como de alto Grado de Riesgo, así como Fideicomisos públicos.
5. El desarrollo de políticas de debida diligencia que deberán aplicar los empleados del Sujeto Supervisado que participan en la identificación y determinación del tratamiento de los clientes a que se refiere el inciso anterior
6. Políticas sobre regalos y hospitalidad, conflicto de intereses, donaciones, premios y estímulos.