Introducción y antecedentes

México cuenta desde 2012 con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado o LFPIORPI), cuyo objetivo es evitar que el sistema financiero y otros sectores sean utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.

La LFPIORPI identifica como Actividades Vulnerables la emisión y comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y otros instrumentos de almacenamiento de valor monetario, cuando no son emitidas por entidades financieras.

Estas operaciones, por su alto nivel de liquidez y facilidad de transferencias, han sido utilizadas en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El 16 de julio de 2025 se publicó en el DOF una reforma sustancial a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Esta reforma representa un endurecimiento y modernización del marco legal para combatir el lavado de dinero en México, con implicaciones profundas para diversos sectores, incluyendo quienes realicen actividades relacionadas con la fracción II del artículo 17 de la LFPIORPI.

Modificaciones

Con la reforma se homologan los criterios a UMAs y se amplían las obligaciones:

Umbrales actualizados:

• Tarjetas de servicios o de crédito: Uso habitual/profesional identificación a partir de 805 UMAs.

• Aviso obligatorio si el gasto mensual acumulado es igual a 1,285 UMAs.

• Tarjetas prepagadas / instrumentos de almacenamiento monetario: Comercialización o abono de recursos identificación a partir de 645 UMAs.

• Aviso obligatorio, a partir de 645 UMAs.

Retos y Consideraciones para Sujetos Obligados derivados de la reforma a la LFPIORPI

• Aviso 24 horas: obligación de reportar operaciones sospechosas incluso si no se concretan

• Beneficiario final: se debe identificar y documentar quién obtiene realmente el beneficio de los recursos.

• Mecanismos automatizados: sujetos obligados deberán contar con sistemas de monitoreo permanente para identificar operaciones que rompan el perfil transaccional.

  • Implementar sistemas tecnológicos de seguimiento y alertamiento.
  • Desarrollar políticas internas de debida diligencia y gestión de riesgos.
  • Fortalecer la capacitación del personal encargado de cumplimiento.
  • Prevenir sanciones mediante un enfoque proactivo en la detección de irregularidades.
  • Conservar información de los últimos diez años del usuario y cliente.