El pasado 31 de diciembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, el cual entra en vigor el 1 de enero de 2026. Este acuerdo tiene como objetivo descentralizar decisiones, acelerar procesos de fiscalización y reforzar los mecanismos de vigilancia tributaria.

Con esta reforma operativa, el SAT busca:
Estos cambios no solo incrementan la presión sobre los contribuyentes, sino que abren la puerta a revisiones más exhaustivas en sectores clave, incluyendo actividades vulnerables bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
1. Auditoría Fiscal Federal (AGAFF)
• Revisión más profunda y sistemática de operaciones electrónicas y movimientos financieros.
• Mayor acceso a información bancaria y contable.
• Determinación directa de la falsedad de CFDI y órdenes de visita domiciliaria.
Riesgo elevado de vinculación con supuestos de operaciones inexistentes y lavado de dinero.
2. Auditoría de Comercio Exterior (AGACE)
• Revisión de avisos y operaciones de importación/exportación.
• Acceso directo a sistemas y requerimiento de datos de contacto.
Relevante para empresas con operaciones internacionales sujetas a controles de origen de fondos.
3. Grandes Contribuyentes (AGGC)
• Mayor fiscalización a estructuras corporativas complejas y operaciones transfronterizas.
• Aplicación extendida a fintech, instituciones de pago electrónico y financiamiento colectivo.
Sectores altamente vigilados en materia de PLD.
4. Servicios al Contribuyente (AGSC)
• Capacidad para negar inscripciones al RFC.
• Aplicación directa de criterios operativos.
Incidencia en procesos de alta, modificación o suspensión de actividades vulnerables.
5. Jurídica (AGJ)
• Mayor agilidad en defensa y contestación de recursos.
• Homogeneización de criterios en procedimientos legales.
Impacto directo en controversias relacionadas con actos de autoridad.
6. Hidrocarburos y TICs
• Fiscalización reforzada en sectores estratégicos.
• Aplicación de herramientas tecnológicas de fiscalización en tiempo real.
El nuevo esquema de delegación permitirá al SAT actuar con mayor velocidad, cobertura y precisión, particularmente en operaciones financieras, transacciones electrónicas, estructuras corporativas, comercio exterior y sectores regulados por la LFPIORPI.
En consecuencia, el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) cobra un papel prioritario, ya que:

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Consulta el Acuerdo completo publicado en el DOF:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5777661&fecha=31/12/2025#gsc.tab=0
Escrito por:
CPC. PCFI. PCPLD. y LD. Silvia Rosa Matus de la Cruz
Socia de PLD
Lic. Nadia Melissa Magallón
Gerente de PLD
Lic. Alberto Arteaga
Gerente Legal Fiscal
5 de enero de 2026