CONTADOR Y ABOGADO: EXPERTOS CLAVE CONTRA EL LAVADO DE DINERO

En la lucha contra el lavado de dinero (LD) y las operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), la participación del contador público y del abogado es fundamental. Ambos profesionales desempeñan funciones clave en la intersección entre el ámbito financiero y el jurídico, contribuyendo de manera decisiva a la prevención, detección e investigación de estas conductas ilícitas. Su intervención, cada uno desde su campo de especialización, permite fortalecer los mecanismos de cumplimiento normativo y garantizar la aplicación efectiva de la ley.

El contador público cumple un rol estratégico no solo en el análisis técnico de los estados financieros, sino también en la aplicación de la legislación vigente, en particular de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Entre sus responsabilidades se encuentran la identificación y el reporte de actividades sospechosas, así como la verificación de la legitimidad de las operaciones que revisa. En el contexto judicial, su papel como perito es crucial: puede ser designado tanto por el Ministerio Público como por la defensa para elaborar dictámenes periciales contables que permitan esclarecer el origen de los fondos implicados en un caso. Su testimonio técnico contribuye a la interpretación de operaciones financieras complejas dentro del marco legal, lo cual resulta determinante para establecer la trazabilidad de los recursos y, con ello, la legalidad o ilegalidad de su procedencia.

Dada la creciente complejidad de las estructuras corporativas y la ambigüedad que en ocasiones presentan ciertas regulaciones, el contador debe adoptar un enfoque basado en riesgos. Esto implica el análisis de tipologías de lavado de dinero, la identificación de señales de alerta y la utilización de herramientas de auditoría forense para detectar patrones irregulares.

Además, su labor puede extenderse al asesoramiento de empresas en la implementación de políticas y procedimientos de prevención del lavado de dinero, incluyendo la capacitación del personal y el fortalecimiento de los controles internos.

Por su parte, el abogado desempeña un papel igualmente esencial, tanto en la etapa preventiva como en la judicial. Su conocimiento jurídico le permite asesorar a las organizaciones en el diseño de políticas de cumplimiento alineadas con la LFPIORPI y demás normativas aplicables, además de participar activamente en la evaluación de riesgos, la elaboración de manuales de procedimiento y la formación de los colaboradores para identificar y responder ante actividades sospechosas.

En el ámbito procesal, la labor del abogado es primaria: representa los intereses de sus clientes, defiende sus derechos y garantiza el respeto del debido proceso. Analiza con detenimiento la evidencia presentada, identifica inconsistencias en las acusaciones y plantea estrategias legales que pueden incluir la presentación de pruebas, la formulación de argumentos jurídicos sólidos y la impugnación de interpretaciones normativas erróneas. Su actuación se extiende a procedimientos penales, administrativos, contenciosos o corporativos, siendo su intervención clave para asegurar una defensa eficaz.

El trabajo de contadores y abogados se complementa con la actuación de diversas instituciones responsables de la prevención y sanción del lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) se encarga de diseñar y coordinar políticas públicas en materia de investigación criminal, incluyendo los delitos financieros. A su vez, los poderes judiciales y las fiscalías estatales participan en la investigación, persecución y sanción de estos delitos, garantizando el acceso a la justicia en apego al marco legal. Por otro lado, los órganos reguladores y supervisores del sistema financiero establecen lineamientos, realizan auditorías, y detectan posibles irregularidades en las operaciones de las instituciones sujetas a su control.

La cooperación interdisciplinaria entre contadores, abogados y autoridades permite enfrentar estructuras delictivas complejas, caracterizadas por su sofisticación financiera y jurídica. La sinergia entre estos actores resulta indispensable para implementar sistemas efectivos de prevención y control, así como para asegurar la correcta aplicación de la ley en los procedimientos judiciales.

En conclusión, tanto el contador público como el abogado desempeñan un papel insustituible en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su conocimiento especializado, experiencia técnica y comprensión del marco normativo los convierte en actores clave para la detección de irregularidades, la elaboración de dictámenes, la representación legal y el diseño de estrategias preventivas. La capacitación constante y la actuación ética de estos profesionales son elementos esenciales para garantizar que las operaciones financieras se desarrollen dentro de los límites de la legalidad y para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.

Además, el abogado evalúa y mitiga los riesgos y vulnerabilidades asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye la identificación de posibles debilidades en los procedimientos y controles internos, así como la implementación de medidas para fortalecer la prevención y detección de actividades ilícitas.

En BHR México contamos con un equipo multidisciplinario de contadores y abogados especializados en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ofrecemos asesoría legal y contable experta, diseño e implementación de políticas de cumplimiento, dictámenes periciales, análisis de riesgos y capacitación personalizada. Fortalece la protección legal y financiera de tu empresa con soluciones integrales y estratégicas. Contáctanos y asegura el cumplimiento normativo de tu organización con el respaldo de profesionales altamente calificados.

CPC. y LD. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Socia de PLD

Referencias:

Mayo 2025

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