La fracción citada representa un límite que corrompe la teoría de Derechos Adquiridos, pues no se precisa que a partir de la publicación de esta reforma los servidores públicos que se pensionen o jubilen recibirán una cantidad que no podrá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Ejecutivo Federal, sino que es de carácter general, aplicable a todos los que se ubiquen en los supuestos de ser jubilados o pensionados que tuvieran el cargo de “personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios” o aquellos que se pensionen o jubilen bajo este puesto.

Esto sin duda, representa, una violación a los derechos reconocidos en la propia constitución, pues el artículo 14 es muy puntual en precisar que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, es decir, existe una incapacidad por parte de la Autoridad de aplicar normas jurídicas que afecten hechos, acciones o situaciones que ocurrieron antes de que la ley entrara en vigor.

En ese sentido, estamos frente a una antinomia que se debería resolver a partir de la norma que mayormente favorezca al gobernado (principio pro persona); no obstante, existe una implicación relevante, la manera de hacer efectivo este derecho es limitada, en violación al derecho de justicia pronta y expedita, pues la reforma a la Ley de Amparo del 13 de marzo de 2025 establece en su artículo 61 fracción I la improcedencia del Juicio de Amparo frente a reformas constitucionales.